Se estima que tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros para la UE, y de 8.000 millones para Canadá.

El pasado 30 de octubre el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, firmaron el Acuerdo Global Económico y Comercial entre la UE y Canadá (AECG) y el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). Este tratado es más conocido por sus siglas en inglés, CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement.

UE – CANADÁ: Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG)

UE – CANADÁ: Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG)

Este tratado se ha estado negociando entre la Unión Europea y Canadá durante más de 5 años, desde 2009 hasta 2014, año en que se llegó a un acuerdo de cuya acta de negociación fue publicada por la Comisión Europea en agosto de 2015.

Según ha publicado el Consejo Europeo, permitirá eliminar cerca del 99% de los contingentes arancelarios tanto en Canadá como en la UE y creará oportunidades de acceso a los mercados en materia de servicios e inversiones.

Incluye disposiciones relativas a la contratación pública, protección de las inversiones, derechos de propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, indicaciones geográficas, desarrollo sostenible, cooperación normativa, reconocimiento mutuo, facilitación del comercio, cooperación respecto a materias primas y resolución de litigios y de barreras arancelarias al comercio, entre otros.

Quedan fuera de este tratado los servicios sanitarios, los servicios sociales o la educación, y se aplicarían restricciones al sector audiovisual, que quedará protegido por la llamada “excepción cultural” (instrumento para la defensa y promoción de la diversidad de las expresiones culturales). Tampoco permite la exportación canadiense de organismos genéticamente modificados o ternera tratada con hormonas.

Como paso previo a la ratificación, se ha completado la revisión legal del texto, aunque no es todavía vinculante con arreglo al derecho internacional.

Ventajas

Según la Comisión Europea, las ventajas para las empresas de la UE se resumen en los siguientes puntos:

  1. Ayuda a generar crecimiento y empleo local
  2. Crea un campo de actuación en Canadá para todas las empresas de la UE, grandes y pequeñas
  3. Reduce precios y amplía opciones a los consumidores europeos.
  4. Elimina aranceles a exportadores e importadores.
  5. Eliminación de otros costes: homologación de los certificados de calidad.
  6. Facilidad para venta de servicios en Canadá
  7. Posibilidad de participación en licitaciones públicas canadienses
  8. Ayuda a los mercados de comunidades rurales europeas en alimentación y bebidas.
  9. Protección de innovadores y artistas europeos
  10. Reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
  11. Promoción de la inversión canadiense en Europa.
  12. Protección de los derechos laborales y de medio ambiente.

El CETA protege 145 denominaciones de origen europeas, 26 de ellas de España: 15 aceites de oliva, azafrán de la Mancha, quesos Manchego y de Mahón, turrones de Alicante y de Jijona, embutidos de Guijuelo y jamones de Huelva y Teruel, así como el salchichón y la llonganissa de Vic.

Posibles inconvenientes

Algunos movimientos sociales han criticado el CETA por la opacidad con la que se negoció. Lo consideran “el caballo de Troya” de otro “caballo de Troya”, el acuerdo TTIP que se sigue discutiendo con Estados Unidos, el cual está cerca de fracasar definitivamente y al que se atribuye que beneficia a las multinacionales y no a los ciudadanos.

Opacidad

La Comisión Europea no ha permitido la asistencia de ningún europarlamentario a las negociaciones.  Tampoco se ha permitido el acceso al texto del acuerdo hasta que ya se hubo avanzado en él. Factores clave como los servicios públicos han sido discutidos de espaldas a la ciudadanía.

ISDS (Investor-state dispute settlement)

Este punto, que también causó polémica en el debate sobre el tratado TTIP, representa una amenaza al constituir un nuevo método de arbitraje en el que son abogados especializados en derecho comercial los jueces, y no aquellos de plena dedicación. Los tribunales privados de arbitraje podrían limitar a los Gobiernos e impedirles actuar en favor del interés público, provocando conflictos de intereses.

Este punto se ha conseguido salvar tras el anuncio de La Comisión Europea de un cambio en el sistema de arbitraje inversor-estado, igualmente conocido por sus siglas en inglés ISDS y que incorpora una serie de mejoras y un cambio de nombre (Investment Court System, ICS).

En cualquier caso, el nuevo ICS del CETA, al igual que el del TTIP, no incluye una lista cerrada de jueces independientes, sino un tribunal permanente con jueces nombrados previamente por EEUU y Canadá y un mecanismo de apelación.

El objeto de polémica sigue siendo que los árbitros no serán jueces de carrera, sino personalidades reconocidas en el mundo del arbitraje internacional que podrían proceder del sector privado.

Por último, existen reflexiones de si este tratado no llevará a las empresas a sufrir una “selección natural” en la que sólo permanecerá en pie la empresa mejor preparada.

 Siguientes pasos

Puesto que el CETA debe ser ratificado por todos los estados miembros y se ha de presentar a cada parlamento nacional para su aprobación, es posible que necesite algunos años más para ser ratificado. No obstante, la UE puede aplicar en contenido del CETA de manera provisional.

Tras la firma, el Parlamento Europeo debe dar consentimiento para la entrada en vigor provisional del CETA.  El primer reto del CETA será conseguir el apoyo de la mayoría simple de los diputados del Parlamento Europeo, en una votación que está prevista para el próximo 24 de enero en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo, aplicándose casi en su totalidad. En la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad será votado en el pleno del Parlamento Europeo, en los primeros días de febrero. Para estar plenamente vigente tendrán que ratificarlo los Parlamentos de los 28 Estados miembros.

Durante este período, la Comisión trabajará con Canadá en la elaboración de parámetros del Nuevo Sistema, como la selección de jueces, código de conducta y derecho a apelación.

 


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